El Gobierno expidió un borrador de decreto que faculta a los operadores postales para realizar giros de depósito, transferencias y captar recursos del público, pese a no estar sujetos a supervisión financiera, generando asimetrías regulatorias y riesgos para los usuarios.

Aunque Colombia ha avanzado en términos de inclusión financiera, persisten brechas rurales. No obstante, crear esquemas paralelos con menor regulación pone en riesgo los recursos del público, limita el control contra el lavado de activos y margina a la población usuaria al no integrarse al ecosistema financiero formal.

La regulación vigente del sistema financiero no es una barrera a la inclusión, sino una condición para garantizar confianza y protección al usuario en la prestación de servicios de pago y captación de dinero del público.